Los jóvenes en edades entre 15 y 24 años representan un grupo importante dentro de la pirámide poblacional de los países de Latinoamérica (OPS, s.f.). Según las normas internacionales, este grupo ya se define como parte de la población en edad de trabajar; de ahí que sea de mucho interés observar fenómeno migratorio entre el mismo.

Al observar el comportamiento del número de jóvenes migrantes en el periodo 2018-2022 este presentó un crecimiento promedio de 4.2% donde el año 2020 mostró un notable decrecimiento de -69.09% respecto al 2019 que está relacionado con las restricciones a la movilidad humana a raíz de la pandemia de Covid-19, sin embargo, en 2021 el número de migrantes jóvenes creció en 84.79%, retomando así la tendencia creciente de años anteriores.

En el año 2022 el Instituto Nacional de Migración registró un total de 5,283,883 migrantes (96.4% que migraban en condición regular y un 3.6% en condición irregular), entre esta población migrante se contabilizó que 626,191 eran jóvenes en edades de entre 15 y 24 años de los cuales un 93.8% migraban en condiciones regulares y el restante 6.2% lo hacían irregularmente.

De este total de jóvenes migrantes un 54.77% eran del sexo masculino, 45.22% del sexo femenino y un 0.01% que no se logró especificar. De los jóvenes migrantes en situación irregular, un 60.9% era del sexo masculino, 39.06 del sexo femenino y un 0.04% sin especificar.

Actualmente, el registro de la inscripción de defunciones se sustenta en el Decreto Legislativo No. 64-2004 que corresponde a la Ley del Registro Nacional de las Personas (Capítulo III, Sección III: Artículos 67-72), en la misma ley se especifica que toda “defunción que ocurra en el territorio nacional, debe inscribirse en cualquiera de los Registros Civiles” que identifique el lugar de domicilio, fallecimiento o nacimiento del difunto; de ahí que sea el RNP el ente encargado de llevar el registro actualizado de dichas inscripciones.

De esta manera, a través de los registros del RNP se tiene que en el periodo 2018-2022 el número de defunciones registradas presentó un crecimiento promedio de 3.8%, siendo 2021 el año que presentó un mayor crecimiento con un 61.9% respecto al 2020 que se explica en alguna medida por el aumento en el número de muertes por causas externas como homicidios, suicidios, accidentes de tránsito, etc. (IUDPAS-UNAH, 2022). El año 2022 presentó un decrecimiento del 25% respecto al 2021, registrando un total de 34,257 defunciones; de este total, el 57.2% fueron del sexo masculino y el restante 42.8% del sexo femenino.

De este último año, los departamentos que presentaron el mayor número de defunciones fueron: Francisco Morazán (17.96%), Cortés (16.21%) y Yoro (6.93%), el restante 58.89% se distribuye en los otros 15 departamentos del país.

Si bien para el periodo 2018-2022 aún no se cuenta con una caracterización detallada a nivel de las causas de dichas defunciones, se tiene de referencia los resultados de la caracterización realizada por el Instituto Nacional de Estadística para los años 2013 y 2014; particularmente, en 2014 se obtuvo que, de las 29,961 muertes registradas un 11.74% tuvieron por causa las agresiones, 4.91% la diabetes mellitus, 3.89% los tumores malignos de los órganos digestivos y el restante 79.46% a otras patologías, causas mal definidas y desconocidas y demás causas. (INE, 2014).

Bajo el marco del Decreto Legislativo No. 64-2004, que corresponde a la Ley del Registro Nacional de las Personas (Capítulo III, Sección I: Artículos 53-62), se establece que todos los nacimientos ocurridos en el territorio nacional deben inscribirse en el Registro Civil dentro del plazo de un año siguiente al nacimiento.

Las cifras proporcionadas por el Registro Nacional de las Personas (RNP) revelan una variabilidad en el número de nacimientos inscritos durante el periodo de 2018-2022. Destacan cifras significativas en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro. Además, datos provenientes de las asistencias hospitalarias de la Secretaría de Salud (SESAL) indican variaciones notables, especialmente en la metropolitana del Distrito Central y San Pedro Sula, donde se registra una mayor atención en los partos.

En el transcurso del año 2020, se observa un incremento significativo en la atención de partos; no obstante, se evidencia una disminución en la inscripción de nacimientos. Este fenómeno subraya la importancia de descentralizar la información para obtener una visión precisa y equitativa de la situación a nivel nacional. Es imperativo implementar estrategias que garanticen un registro equitativo de nacimientos en todas las regiones, fomentando la descentralización de servicios y recursos. La uniformidad en la calidad de atención y registro se precisa como un pilar fundamental para la planificación de políticas públicas eficaces y la asignación equitativa de recursos.

Numero de inscripciones de nacimientos.

La esperanza de vida al nacer se refiere a la cantidad de años que viviría un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo largo de la vida del infante. En otras palabras, se trata de ver el número de personas de diferentes edades que mueren ese año, y proporcionar un panorama general de las “características de mortalidad” de la población para ese periodo (Emi Suzuki & Neil Fantom, 2013).

Este indicador, resulta importante para comprender las tendencias demográficas y su impacto en las políticas sociales y económicas. Basándonos en los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mediante el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), se observa un aumento constante en la esperanza de vida tanto para hombres como para mujeres durante el período de 2014 a 2022. A nivel general, la esperanza de vida al nacer para la población masculina ha experimentado un aumento progresivo, pasando de 71.58 años en 2014 a 73.41 años en 2022. De manera similar, para la población femenina, se observa un incremento de 78.9 años en 2014 a 80.88 años en 2022.

Este aumento puede atribuirse a diversos factores, como avances en el área de salud y mejoras en las condiciones de vida, estas tendencias, proporcionan las bases en la toma de decisiones, especialmente en áreas relacionadas con la salud, seguridad social y planificación demográfica. Es importante destacar que la diferenciación entre las expectativas de vida de hombres y mujeres puede influir en aspectos económicos y sociales, implicándose en la fuerza laboral, sistemas de pensiones y planificación de recursos a largo plazo.

La explotación sexual y comercial de mujeres, con el objetivo de vulnerar gravemente sus derechos, se manifiesta mediante tácticas de amenazas, engaños y la privación de su libertad. Honduras, mediante la Ley contra la Trata de Personas le dio institucionalidad y respaldo legal a la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Personas (CICESCT) para promover, impulsar, articular, monitorear y evaluar las acciones que se dirijan a la prevención y erradicación de los delitos a través de la gestión e implementación de políticas públicas especializadas en la materia.

Según los datos proporcionados por CICESCT, el análisis comparativo denota en los datos sobre la explotación sexual y comercial por país de origen y de explotación información crítica sobre la incidencia de esta problemática a lo largo de los años. Honduras se destaca como una fuente significativa de víctimas, con una incidencia notable a lo largo de los años. Durante el periodo 2019-2022, se registraron 126 víctimas. Por otro lado, Colombia y Estados Unidos muestran una variación ascendente en 2022, con el registro de una víctima por país de explotación.

Estados Unidos y España sobresalen como destinos de explotación, evidenciando un aumento en el número de víctimas durante el año 2022. La presencia de Honduras en ambas categorías resalta la necesidad de abordar la explotación desde diversos enfoques estratégicos, subrayando así la naturaleza transnacional de la trata de personas. Este indicador proporciona una base sólida para evaluar y ajustar estrategias, asegurando un enfoque efectivo y sostenible para combatir la explotación sexual y comercial.